Por Eleonora Claudia Méndez
Vocal-Cámara de Apelaciones en lo Civil (Familia y sucesiones)
Hace unos días tuve el placer de escuchar nuevamente a una gran maestra de nuestro Derecho Civil, la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci, recordando la evolución que tuvo el derecho de las familias a lo largo de estos 40 años desde el regreso de la democracia. Y pareciera que fue ayer, pero no.
Desde el comienzo se dictaron una seguidilla de leyes que introdujeron cambios trascendentales para las familias. Entre otras, el 1 de marzo de 1984 el Congreso de la Nación aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los años siguientes se sucedieron nuevas leyes, como fue la 23.264 (de 1985) que puso fin a la brecha entre hijos legítimos e ilegítimos, clasificación meramente discriminatoria. Ese mismo año nuestro país aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Esto sólo fue el principio, por cuanto los vientos de cambio pusieron casi de inmediato en el tapete de la discusión social y jurídica al divorcio vincular. Como sucede con la mayoría de los casos sin regulación legal, mientras más se repiten en su conflictividad, la justicia es quien termina resolviendo hasta tanto el legislador dicte las normas que regulen dichas situaciones. Eso fue lo que sucedió con el fallo que dictó la Corte Suprema en la causa: “Sejean vs. Sack de Sejean Ana S/Inconst” ( 27/11/1986). Así tuvo origen la ley 23.515, promulgada el 8 de junio de 1987, que permitió la disolución del vínculo conyugal.
Otro instrumento trascendental que se ha convertido en un paradigma para el derecho de familia, desde su aprobación por el Congreso en 1990, es la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto del cual nuestro país formuló sus reservas y declaraciones. En 1996 se aprobó por nuestro país la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la que sirvió de base a la ley nacional 26.485.
No puede dejar de mencionarse, luego de diversos debates que tuvo en nuestra sociedad, en 2010, la sanción de la llamada ley de matrimonio igualitario. También el gran debate que también ha generado en nuestra sociedad el fallo dictado en 2012 por nuestra Suprema Corte, que señaló la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se adopten los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso.
Pasaron 40 años de vida democrática, y pareciera que fue ayer, por cuanto los recuerdos de los años vividos aún se mantienen intactos, pues con aciertos y errores, con consensos y disensos, creo que nuestra sociedad fue creciendo y madurando; y aún lo seguimos haciendo. Estos 40 años que han pasado nos instan a continuar caminando, a seguir adelante, con la esperanza de celebrar otros 40 años más de democracia.